(Vivir en Brasil) - El Senado aprobó el día 15 de diciembre el Proyecto de Ley que permite la compra de tierras rurales a extranjeros en Brasil, tanto para particulares como para empresas. El proyecto limita esta adquisición hasta un 25% del territorio del municipio. El proyecto debe ser ahora ser tratado en la cámara de diputados.
El proyecto determina que las zonas rurales deben cumplir con su función social. Para la adquisición de inmuebles en áreas esenciales para la seguridad nacional, los compradores extranjeros deben obtener el consentimiento previo del Consejo de Defensa Nacional. También se debe consultar al ayuntamiento en el caso de compra de tierras en la Amazonía.
Para el autor del proyecto se trata de una iniciativa importante para estimular la economía, la creación de empleo y la producción de alimentos en el país. La compra de terrenos por inversores extranjeros puede atraer alrededor de R$ 50 mil millones por año al país.
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Los senadores de la oposición criticaron el texto. Sostienen que proyecto no estaba lo suficientemente maduro para ser votado y que el tema era controvertido. A su juicio, el proyecto otorga soberanía nacional a los extranjeros y pone en riesgo el desempeño de la producción nacional de commodities, con pérdidas a las exportaciones de las empresas nacionales, dado que empresas extranjeras ya producirían en el país.
Aumento de precio de tierras rurales
Viejo debate
La venta de tierras a extranjeros ha sido un tema de debate durante décadas, según un estudio de Senate Consulting. El proyecto de ley 2.963 / 2019 deroga la ley que regula la adquisición de propiedad rural por extranjeros (Ley 5.709 / 1971), que establece una serie de restricciones para que adquieran tierras en Brasil, como la limitación de las dimensiones de las áreas que se pueden comprar. y el requisito de autorización previa del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) para ejecutar proyectos agrícolas.
En la década de los noventa, la Fiscalía General de la Nación (AGU) emitió dictámenes que permitían a empresas nacionales con control extranjero y empresas extranjeras con participación brasileña adquirir propiedades sin estas restricciones, pero en 2010 AGU revisó este entendimiento y retomó su parámetros de la ley de 1971, que limitaba el acceso de los extranjeros a la propiedad nacional de la tierra.